Plebiscito Nacional 2020: Carta Conferencia Episcopal

CARTA A LAS COMUNIDADES ESCOLARES, DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS RESPONSABLES

Confiando con esperanza aseguremos la democracia

El próximo domingo 25 de octubre tendrá lugar una especial jornada cívica de votación, que compromete a toda la ciudadanía. En esta ocasión, no se trata solo de la obligación moral que siempre debemos tener en vistas de quien pueda conducirnos para procurar el bien común, sino de las condiciones fundamentales para que, tanto las autoridades, como toda la ciudadanía, puedan gestionarlo. Se trata de la Constitución Política de la República, ley suprema de un Estado que regula los poderes públicos y establece las garantías de los derechos. Si la elección por los responsables de la conducción del país es un deber cristiano, fundado en la fe (Rm 13, 4ss.), la votación a la que ahora hemos sido convocados nos obliga, en vistas de la principal estructura legal, para procurar ese bien común tan anhelado.

Es en este espíritu y convicción que, como Consejo del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile, ponemos a disposición de las distintas comunidades educativas de nuestro país la presente carta, que busca ser un sencillo aporte a la riqueza del necesario diálogo y debate que, por estos días, se lleva a cabo en diversos ámbitos de la sociedad.

El llamado a votar, en efecto, es ejercer la ciudadanía con responsabilidad. La fe y la religión, desde donde invitamos a este compromiso, no es solo un deber con Dios; lo sabemos. Desde nuestra tradición cristiana hemos aprendido que también se trata de un deber con el prójimo y que está enlazado con la deuda del amor (Rm 13,8-10), cuyo grado mínimo es la justicia (Caritas in veritate n.6). Por ello, no podemos sustraernos a cumplir esa importante obligación. Por medio del voto manifestamos nuestro parecer por el apruebo o el rechazo a una nueva Constitución y sobre el tipo de Convención que podría hacerlo. Mediante el voto nos expresamos sin temor, con esperanza, confianza y libertad.

La democracia nos invita a no tener miedo ni tampoco a tener expectativas desmesuradas, sino una confianza lúcida. Sin temor, pues como lo dice también nuestra hermosa tradición, el miedo no es buen consejero, paraliza e inhibe. Debemos evitar toda campaña del terror, aprendiendo de otras experiencias históricas.

En este plebiscito se aprueba o rechaza el inicio de un proceso de redacción de un proyecto constitucional y no la aprobación de una nueva Constitución, que será la pregunta del plebiscito de salida. Como ese será el momento de evaluar el trabajo constituyente, nada justifica las campañas basadas en infundir miedo. No caben las amenazas de que con el rechazo se va a destruir el país, ni las predicciones de que el aprobar será la abolición de la propiedad privada. No podemos dejarnos intimidar por estos discursos que sólo degradan el nivel del debate público.

Por otro lado, hay que votar con esperanza, sabiendo que ella no se involucra inmediatamente con un optimismo anímico o con una expectativa desmesurada que produzca inseguridad y temor en otros. Justamente, adjudicar consecuencias descomedidas a un cambio constitucional, no ayuda a los que creen que los problemas de larga data puedan solucionarse con un cambio, como tampoco a quienes tienen cierto temor o incluso pánico a que todo sea nuevo. Los primeros pueden quedar frustrados y los segundos paralizados. La Constitución no es todo y la solución a muchos problemas que nos aquejan no pasa por ésta, pero todos sabemos lo importante y significativa que es.

La esperanza es don y patrimonio de todos, pero requiere sacrificio y trabajo mancomunado. No es patrimonio de los privilegiados que se contentan con lo que tienen y no anhelan ningún cambio, ni tampoco de los que nada bueno reconocen y solo vociferan, apostando todo al futuro.

Votar es tratar de poner la confianza en el deseo común de ser justos y abrir los ojos a los más desfavorecidos, en lo que, con seguridad, es deseo de todos, pero, simultáneamente, en la capacidad de buscar el bien común. Esto se hace desde nuestra convicción personal, que vive y se compromete con los demás, no en la imposición de unos sobre otros, no por la violencia, amenaza o coacción. Se hace confiando en la voz de la democracia.

Esa confianza espera que el voto de cada uno sea libre e informado, un ejercicio de discernimiento responsable realizado en conciencia para buscar lo mejor para nuestro país, “ponderando en cada ocasión que es lo que conviene”, como nos repite san Pablo (Fil 1,10). Se trata de un llamado al diálogo, a la reflexión compartida y debatida, y a la búsqueda de las mejores razones en vistas del bien común.

Lo que se debate son las normas jurídicas de organización del Estado y la prelación de los valores fundamentales que atraviesan nuestra convivencia. Simultáneamente,s e nos pregunta sobre la conformación del Poder Constituyente, el tipo de Convención que pacta o aprueba la Constitución. No se nos pregunta por un asunto menor y el debate que seguirá es sobre cuestiones esenciales.

Desde esta perspectiva, ningún pueblo con una historia bicentenaria parte desde cero. Hay aspectos de la actual Constitución que hemos heredado como nación y que esperamos mantener, porque traducen los principios básicos propios de toda democracia que respeta los derechos humanos y garantiza los derechos fundamentales a sus ciudadanos.

Ciertamente hay cosas que debemos cambiar, reformas que realizar, nuevos desafíos y necesidades. La enseñanza social de la Iglesia no podría asegurar, en cada caso, si se trata de una reforma, de un cambio esencial o de una nueva Constitución. El discernimiento y luego la decisión debe asegurarse entre todos. En cualquier caso, dicha discusión y arbitraje debe considerar que de lo que se trata es de hacer un mejor país, como posibilidad para la realización de nuestros proyectos de vida personales y comunitarios.

Son significativas las palabras del filósofo Paul Ricoeur: “No hay de hecho vida privada si no es protegida por un orden público, un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política”.

Si bien tienen razón quienes aseguran que la mayoría de nuestros problemas no encontraran su solución en un cambio constitucional, es indudable que el orden público y la ley fundamental tienen consecuencias en muchos otros aspectos. No se trataría simplemente de cambiar la Carta Fundamental por su origen en Dictadura, sino que, más allá de ese debate, mientras algunos sostienen que sólo basta introducirle nuevas reformas para hacerla apta a los desafíos del presente, otros estiman que no ha logrado adaptar las estructuras de organización política a la condición actual de nuestro país, ni a la prelación de valores a los que hoy se aspira como sociedad.

Por todo esto, les invitamos a promover un especial tiempo de discernimiento y de oración, poniéndolo con confianza en las manos del Señor: Te invocamos Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todas las personas en igual dignidad, para que infundas en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos en este desafío un sueño de reencuentro, diálogo, justicia y de paz. Impúlsanos a crear en nuestra Patria una sociedad más sana y digna, sin hambre, pobreza, violencia, ni odio. Que nuestro corazón se abra a todos, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada hermana y hermano de esta tierra, y estrechar así lazos de unidad, de proyectos comunes y de esperanzas compartidas.

 

Héctor Vargas B.

Presidente Área de Educación

Conferencia Episcopal de Chile